Tras un año de incertidumbre y otro de zozobra, los promotores de proyectos inmobiliarios previstos en el casco urbano y en el núcleo consolidado de los barrios y diputaciones pueden empezar a respirar tranquilos. Los que tengan intereses en el Mar Menor, en el medio rural y en la zona oeste deberán esperar. El Ayuntamiento y la Comunidad llegaron ayer a un acuerdo de mínimos que garantiza la viabilidad de proyectos urbanísticos millonarios, como la torre de once pisos proyectada en la calle Príncipe de Asturias en terrenos que eran del Colegio Adoratrices. También los dueños de suelo más hacia el norte del Centro Comercial Mandarache podrán desbloquear el desarrollo del plan parcial que quieran acometer allí.
El acuerdo político fue suscrito por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la secretaria general de la consejería de Fomento y Presidencia, Yolanda Muñoz, en una reunión de la mesa técnica, en el Palacio de Aguirre. También acudió el concejal de Desarrollo Sostenible, José López, máximo responsable del planificar y aplicar esta normativa. El objetivo es evitar que la anulación judicial, en 2016, del Plan General Urbano aprobado hace cinco años genere un parón de diez y que la vuelta al planeamiento de 1987 cause pérdidas millonarias.
El intento de resucitar el plan mediante una tramitación exprés, en el segundo semestre de 2016, también lo tumbó la justicia. Hay un recurso que impulsaron el Ayuntamiento y la Comunidad contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia, sobre el que todavía no se ha pronunciado el Supremo. Pero con el cambio en la alcaldía (Castejón por López) cada vez está mas claro que se ha optado por la vía, lenta pero segura, de hacer un Plan General totalmente nuevo que puede tardar cuatro o cinco años y aguantar mientras tanto con medidas transitorias como las revisada ayer.
Con la normativa transitoria en vigor y dando solución a los problemas más urgentes, el Ayuntamiento podrá avanzar en la redacción de un plan general nuevo, cuya aprobación durará más de dos años. Por eso, habrá que prorrogar sus efectos o crear una segunda norma transitoria para mantener el urbanismo en marcha.
El acuerdo se basa en un documento de 72 páginas que la Comunidad Autónoma dejó ayer en manos del Ayuntamiento. El Gobierno local pretende aprobarlo en el Pleno del 25 de julio. Después se abrirá un plazo de alegaciones que, en principio, está estipulado en un mes y que coincide con el mes de agosto.
El documento con las alegaciones que se estimen será elevado a la Administración regional, que hará sus apreciaciones y sus correcciones. Cuando estén recogidas en la norma transitoria, será aprobada por el Consejo de Gobierno y entrará en vigor.
Salvar todos los proyectos urbanísticos aprobados y en vías de aprobación en la ciudad, los barrios y los núcleos urbanos consolidados de las diputaciones ha sido uno de los objetivos primordiales de la elaboración de la norma. Los técnicos de ambas administraciones se han puesto de acuerdo en que el aumento de alturas, las nuevas normas de accesibilidad y de construcción de sótanos y aparcamientos y las reglas sobre medianeras y fachadas casen con la nueva Ley Regional del Suelo, con la que no encaja el Plan General de 1987.
Eso beneficiará a los promotores que pueden animarse a construir en los abundantes solares que hay en Cartagena. El proyecto junto al colegio de las Adoratrices es solo un ejemplo. También los de barrios y núcleos urbanos en las diputaciones. En el documento quedan excluidas zonas como la franja litoral del Mar Menor, los aledaños de la Sierra Minera, el área rural al norte, y la zona oeste. Los dueños de suelo urbanizable situado en esos lugares y que no pertenezca a ningún núcleo urbano, tendrán que esperar.
La única discrepancia de calado entre el Ayuntamiento y la Comunidad, a nivel técnico, es cómo afrontar el desarrollo del Valle de Escombreras. Hay funcionarios de la Administración regional que han manifestado sus dudas sobre si es factible consolidar como urbanizable industrial el terreno de expansión de aquella zona que se incluía en el plan de 2012. El temor, una vez más, es que la norma transitoria sea recurrida, por asemejarse demasiado al planeamiento anulado.
El Ayuntamiento no tiene esas dudas y ha decidido incluir esos terrenos, situados «en pleno corazón del Valle», según fuentes de alcaldía. «Estamos hablando de una zona en la que hay previstos o en estudio proyectos por valor de 35 millones de euros», según explicó Ana Belén Castejón. El de una planta de fabricación de aceites esenciales, con una inversión aproximada de seis, es solo uno de ellos.
Centro histórico: No tendrá ningún efecto. Es una zona regulada por el PEOP, un plan específico que también será reformado.
Casco urbano: Asegurará la ejecución de proyectos ya aprobados y de promociones en solares del centro y de los barrios, que quedaban fuera del plan urbano de 1987.
Mar Menor: Los proyectos que no estén en núcleos urbanos consolidados seguirán paralizados hasta que haya un nuevo Plan General.
Zona rural: La zona rural queda excluida de la norma transitoria.
Zona oeste: No se aborda la problemática de los núcleos rurales. Queda para la redacción del nuevo Plan General
«La aprobación de esta norma transitoria nos va a permitir superar el desfase bestial en el que nos situaba el Plan Urbano de 1987. Tendrá una vigencia de dos años en los que dispondremos de un marco legal básico para poder desarrollar proyectos importantes para el municipio», explicó la alcaldesa, Ana Belén Castejón. Destacó la necesidad de incluir Escombreras en el suelo urbano consolidado para evitar la fuga de inversiones. Por su parte, el concejal de Desarrollo Sostenible, José López, subrayó que «estas normas transitorias nos deben permitir seguir avanzando para evitar que se pare el desarrollo y la creación de riqueza y empleo»
Noticia extraida de http://www.laverdad.es
Una norma transitoria reducirá en el casco urbano las restricciones para construir
