En ese punto remoto del Mar Menor donde se encuentra con el Mediterráneo, las doradas aletean desde que amanece en el laberinto ancestral de pesca de las encañizadas. Ya empiezan a sentir que no tienen escapatoria, y sacuden sus colas con una energía febril por salvar la vida. Son un trasunto con escamas de la lucha del Mar Menor. Aún en los salabres y a bordo de las barcazas de los pescadores, las ‘dorás’ se agitan por vivir hasta el desmayo. A pesar del espectáculo de muerte, son el mayor signo de vida que se encuentra actualmente en la albufera murciana, cinco años después de comenzar la turbidez de las aguas, cuatro años después de que perdiera el 85% de la vegetación submarina, y solo 8 meses después de la anoxia que volcó toneladas de peces muertos en las orillas. Un tiempo de espera demasiado largo para un enfermo sin tratamiento.

A pesar del negro historial, las aguas han tenido que oscurecerse aún más para que llegaran los primeros signos de esperanza. La comunidad científica, incluso en sus desacuerdos a lo largo del proceso de estudio de la laguna, ha coincidido en su asombrosa capacidad de resiliencia, que demostró en el año 2018, cuando recuperó parte de la pradera sumergida y clareó la columna de agua. Hace pensar en un futuro con vida para el Mar Menor, que fue famoso por sus aguas cristalinas que permitían ver caballitos de mar y bancos de peces desde la orilla.

Una de las razones para el optimismo es la aprobación de una de las primeras grandes obras del plan de ‘Vertido Cero’, que pactaron partidos políticos y agentes sociales. El colector de la zona norte del Mar Menor, que acaba de publicar la Confederación Hidrográfica del Segura como paso previo para contratar las obras por 70 millones de euros, evitará la entrada de 12 hectómetros cúbicos al año de nutrientes agrícolas a las delicadas aguas de la laguna, por medio de 55 kilómetros de canalizaciones. Recogerá estos vertidos nocivos, cargados de nitratos procedentes de la fertilización de cultivos, tanto los superficiales como los subterráneos, para desviarlos al Mediterráneo con un proceso previo de desnitrificación.

La compleja dinámica de la cuenca hidrográfica del Campo de Cartagena y el maratón de acciones por emprender no dejan de plantear dudas, a pesar de que el anuncio de las primeras obras haga pensar en un desbloqueo administrativo en torno al Mar Menor. El químico Ramón Pagán, de la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor, lanza dos incógnitas. «Si el origen de la contaminación del acuífero es agrícola en un 85%, por qué gastar dinero de todos los españoles mientras la parte causante no pone un euro», plantea. Aún sería peor si, después de construir la compleja red de canales y colectores, no se pueden extraer los nitratos por falta de capacidad de la planta que debe construir la Comunidad Autónoma. «Hablamos de un caudal de 30.000 metros cúbicos al día; no hay planta en el mundo con esa envergadura», señala el químico.

Un proceso con ruido

Desde la encañizada, no se escucha el ruido del enfrentamiento político que, según la comunidad científica, ha bloqueado la llegada de soluciones. A ese paraje de aguas someras, espino negro y lentisco, donde solo habita el guardián de la encañizada, Julián Castejón, con su perro Cohete, no llegan los reproches que se han lanzado los partidos cada día mientras aún corre el contador de la entrada de nutrientes a la laguna, tanto con filtraciones subterráneas como en vertidos superficiales. Siempre fue así, pero en los últimos años se dispararon los aportes por el aumento de los regadíos y de las lluvias. Esa bolsa de 1.000 kilómetros cuadrados rebosante de agua con nitratos bajo el campo de Cartagena presiona sin tregua buscando salidas a la laguna. Ya sale por garajes y sótanos de edificios que fueron construidos sin aislamiento. Aflora en cultivos, con un exceso de humedad que pudre raíces, tubérculos y hortalizas. Con la panza llena de agua, el acuífero ya no traga ni la lluvia más liviana.

Con una mínima capacidad de absorción del terreno, las torrenciales llegan como una ola de barro, que baja desde varios kilómetros tierra adentro, cargada de todo lo que encuentra a su paso, hacia el ‘desagüe’ del Mar Menor. Los vecinos de Los Alcázares han sufrido desde septiembre de 2019 cuatro inundaciones que han destruido viviendas, negocios, recintos públicos y playas. Sometido a un continuo proceso de reparación, el municipio turístico no abandona las movilizaciones para reivindicar las obras antiinundaciones que les dejen salir a flote.

Con el paso lento de las licitaciones públicas, empiezan a anunciarse las primeras canalizaciones para evitar avalanchas de agua pero, tras infinidad de asambleas vecinales, foros científicos con asistencia masiva de ciudadanos, y manifestaciones multitudinarias, todos saben que el cambio deberá incluir una nueva mentalidad y una redistribución de los usos del territorio. En nada de eso hubo acuerdo entre el Gobierno regional, formado por una coalición PP-Cs, y el Ministerio de Transición Ecológica, con la socialista Teresa Ribera al frente y en continuo pulso con el sector agrícola murciano a cuenta del trasvase Tajo-Segura. Por eso el reciente acuerdo entre Ciudadanos, PP y PSOE en la Ley de Protección del Mar Menor, para incrementar la franja de protección desde los 500 metros en los que se plantó el Gobierno popular, hasta los 1.500 metros que pedían la oposición y los agentes sociales, enciende otra llama de esperanza. «Que se entiendan las administraciones sí da lugar al optimismo», afirma el científico Juan Manuel Ruiz, del Instituto Español de Oceanografía. Este especialista en vegetación marina pide «políticas valientes y de largo plazo, no soluciones para el bañista». «Si aprueban medidas para regular la agricultura, en 20 años podemos tener razones fundadas para el optimismo», asegura.

El biólogo señala la esperada reorganización agrícola que no termina de llegar, con la reconversión a secano de las casi 10.000 hectáreas de regadíos ilegales, que se extendieron al tiempo que las desaladoras ilegales. Enterradas en búnkeres, durante años preparaban para el riego el agua que sus propietarios extraían sin licencia del acuífero. Sin mirar atrás, se deshacían de la salmuera con vertidos a las ramblas, que iban a parar a la laguna en un continuo envenenamiento a base de nitratos y fósforo. El Juzgado de Murcia investiga a 80 empresas y 67 personas físicas en el conocido como caso ‘Topillo’.

El modelo turístico

Desde el paisaje horizontal de la encañizada, Julián mira las torres de cemento de La Manga, que parecen avanzar como un ejército imparable. El modelo turístico elegido hace más de 40 años ha desplegado infinidad de urbanizaciones y 11 puertos deportivos en torno a los 73 kilómetros de costa del Mar Menor, donde las depuradoras urbanas no llegaron hasta hace una década mientras la población crecía y el ecosistema se deterioraba.

El que ha sido paraíso de los constructores vive ahora su propio debate de futuro. «El negacionismo ha sido agotador», afirma la profesora de Ciencias del Mar y Biología de la Universidad de Alicante Francisca Giménez Casalduero. Para la investigadora, reconocer el problema ha sido el primer paso para confiar «no en la recuperación, sino en la reinvención del Mar Menor». Después de 30 años estudiando el impacto de los vertidos urbanos en el medio marino, asegura que hay otros casos de restauración ambiental, como el de Tampa Bay (EEUU). Uno de los indicadores de la salud de la albufera será, para la investigadora, el reducto superviviente de nacras (Pinna nobilis), que se refugia ya solo en el Delta del Ebro y en el Mar Menor. A pesar de las agresiones recibidas durante décadas y de la lenta llegada de las soluciones, la científica destaca «la vida que ha quedado en las capas superficiales, con pequeñas poblaciones de fanerógamas y caballitos de mar. Aún queda esa vida, aunque herida, y será la que recolonice el Mar Menor adaptándose a los nuevos cambios, siempre que dejen de entrar los nutrientes».